España prepara un nuevo endurecimiento fiscal sobre criptomonedas
El panorama regulatorio de las criptomonedas en España podría sufrir un giro significativo. El grupo parlamentario Sumar ha presentado una batería de enmiendas a la Ley General Tributaria, la Ley del IRPF y la Ley de Sucesiones y Donaciones que busca elevar la fiscalidad sobre las ganancias derivadas de criptoactivos. Según la propuesta, estas ganancias dejarían de tributar como ahorro y pasarían a la base general del IRPF, con tipos que podrían alcanzar el 47 %. Para entidades y sociedades, las plusvalías cripto tributarían al 30 % en el Impuesto sobre Sociedades.
Además, la iniciativa contempla facultar al Estado para considerar las criptomonedas como bienes embargables, algo que actualmente no se contempla dentro del marco de la regulación europea MiCA. Esto permitiría su incautación en casos como deudas, sanciones o procesos judiciales. Como herramienta adicional de control, se propone que los proveedores de servicios de criptoactivos (exchanges, plataformas, etc.) implementen un sistema obligatorio de “semáforo de riesgo”. Este semáforo tendría como objetivo advertir a los usuarios sobre el nivel de supervisión, respaldo, liquidez y riesgos de cada criptoactivo.
Un secreto... Las criptomonedas en auto custodia jamás pueden ser embargables 😉 ¡No saben ni lo que dicen!
La medida ha generado rechazo entre economistas, asesores fiscales y actores del ecosistema cripto. El argumento más compartido es que castigar fiscalmente las plusvalías en criptoactivos al nivel de la renta ordinaria —al 47 %— podría alejar inversiones y empujar a usuarios a mantener sus posiciones fuera del sistema regulado, o incluso abandonar el país. Además, en el caso de criptomonedas en autocustodia (wallets privadas), las autoridades tendrían dificultades técnicas y legales para ejercer embargos efectivos, cuestionando la aplicabilidad real de esas medidas.
Para el público cripto hispanohablante, este proyecto representa una potencial revolución regulatoria. Si se aprueba, cambiaría radicalmente la ecuación de rentabilidad a largo plazo, aumentando la carga fiscal y elevando la necesidad de asesoramiento técnico y fiscal específico. En un entorno ya marcado por la volatilidad inherente de los activos digitales, los usuarios —particulares o institucionales— deberán considerar con más atención la estructura fiscal antes de invertir o realizar operaciones de trading.
Por último, desde la óptica regulatoria y tecnológica, la inclusión de un semáforo de riesgo obligatorio y la consideración de criptoactivos como embargables marcan una tendencia decisiva: las criptomonedas dejan de ser vistas como un nicho periférico y pasan a integrarse en el esquema tradicional de regulación financiera en España. Esto podría redefinir en los próximos años cómo se negocian, custodian e invierten criptoactivos en el país.