La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha vuelto a vetar una propuesta legislativa que buscaba establecer una reserva estratégica de Bitcoin financiada con recursos públicos. Esta es la segunda vez consecutiva que la mandataria bloquea un intento de integrar el activo digital en la gestión financiera del estado.

En su declaración, Hobbs justificó su decisión afirmando que:

“La volatilidad actual en los mercados de criptomonedas no hace que sea una opción prudente para los fondos generales del estado.”

El proyecto, impulsado por sectores políticos pro-tecnología, proponía que Arizona destinara una parte de su presupuesto a Bitcoin como medida de cobertura ante la inflación y la incertidumbre económica global. Sin embargo, el veto refleja una postura conservadora que contrasta con la creciente adopción institucional del activo a nivel mundial y estatal.

¿Una oportunidad perdida para Arizona?

Más allá del impacto económico inmediato, la decisión de Hobbs podría tener consecuencias políticas. A medida que Bitcoin se consolida como una reserva de valor reconocida por gobiernos, empresas y ciudadanos, rechazar su integración puede percibirse como una desconexión con el futuro financiero.

En este contexto, muchos defensores del ecosistema cripto afirman que:

“Bitcoin no necesita a Arizona. Es Arizona quien necesita a Bitcoin.”

El rechazo de esta propuesta no solo representa una oportunidad desaprovechada para modernizar las finanzas estatales, sino que podría tener repercusiones electorales. Con elecciones estatales previstas en dos años, una parte del electorado podría penalizar este tipo de decisiones, especialmente entre votantes jóvenes, empresarios del sector tecnológico y defensores de la libertad financiera.

Bitcoin gana espacio… con o sin Arizona

Mientras tanto, otros estados como Nuevo Hampshire ya han aprobado legislaciones similares para crear reservas estratégicas en Bitcoin, apostando por la innovación financiera y por proteger sus presupuestos ante escenarios inflacionarios.

La decisión de Arizona, en cambio, podría dejar al estado rezagado en la transformación económica global que ya está en marcha. Y para muchos, este veto es más que una cuestión de gestión: es una declaración política que podría tener consecuencias.